El diputado de IU reconoce que “siempre nos ha preocupado que los proveedores no cobren” y ha cuestionado que el decreto-ley aprobado “ayude a las pequeñas y medianas empresas” porque supondrá “aplicar un plan de ajuste, una intervención directa y técnica en los ayuntamientos, un asalto a la democracia municipalista”
El portavoz económico de Izquierda Unida en el Congreso, Alberto Garzón, ha criticado al Gobierno por el hecho de que en el decreto-ley aprobado hoy en el Congreso, que establece mecanismos de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, “ha desestimado usar al ICO (Instituto de Crédito Oficial) como el instrumento para financiar a los ayuntamientos y dar salida al drama de las pequeñas y medianas empresas, que están quebrando”, como habían defendido mientras estuvieron en la oposición.
El portavoz económico de Izquierda Unida en el Congreso, Alberto Garzón, ha criticado al Gobierno por el hecho de que en el decreto-ley aprobado hoy en el Congreso, que establece mecanismos de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, “ha desestimado usar al ICO (Instituto de Crédito Oficial) como el instrumento para financiar a los ayuntamientos y dar salida al drama de las pequeñas y medianas empresas, que están quebrando”, como habían defendido mientras estuvieron en la oposición.
El Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA ha votado en contra de este decreto del Gobierno al que, además, el Grupo Popular ha impedido su tramitación como proyecto de ley, por lo que el resto de formaciones no tendrán la posibilidad de plantear enmiendas que mejoren su contenido.
Garzón comenzó su intervención asegurando que “este decreto sobre los ayuntamientos y los proveedores nos preocupa. Siempre nos ha preocupado que los proveedores no tengan ese acceso, que los ayuntamientos no paguen a aquellos con los que han suscrito esos contratos. Nos preocupa y por eso lo llevamos en el programa electoral”.
El diputado de IU por Málaga denunció que en lugar de optar por el ICO para ayudar a los ayuntamientos a pagar sus deudas, el Gobierno de Mariano Rajoy “ahora propone un plan totalmente diferente para, como siempre en las medidas del Partido Popular, dar un negocio a los bancos”.
Puso también en entredicho que “este decreto ayude a las pequeñas y medianas empresas; más bien creemos que va a ayudar a las grandes empresas”.
“Este nuevo plan –señaló- imita el peor proceder del Fondo Monetario Internacional en sus peores tiempos: aplicar un plan de ajuste, una intervención directa y técnica en los ayuntamientos, un asalto a la democracia municipalista”.
Alberto Garzón comentó que “es necesario que los proveedores cobren, pero hay que preguntarse también por qué no están cobrando. Por eso reclamamos también una ley adecuada de financiación de las Administraciones Locales, igual que reclamamos otra vez nuevas medidas contra el fraude fiscal sinceras y directas. Sólo de esa forma los ayuntamientos podrán tener ingresos suficientes con los que hacer frente a sus gastos cotidianos y corrientes y no tendrán que depender de la ‘burbuja inmobiliaria’ y de la actividad económica”.
Para el parlamentario de IU, el plan aprobado introduce también para garantizar el ajuste de gastos de los ayuntamientos figuras como la del interventor que “algunos igual los ven como si fueran ‘cascos azules’ que vienen a salvar sus problemas pero, tal y como aparecen en el decreto, van a ser más bien ‘carniceros sociales’ que van a acabar con todos los servicios públicos”.
Alertó que el decreto “impone subidas en las tasas a los servicios públicos” y deja la capacidad de “recomponer las Administraciones Públicas locales. Esto significa que el Pleno y la soberanía municipal democrática que reside en ese Pleno no van a servir prácticamente para nada porque tenemos a este nuevo Fondo Monetario Internacional metido hasta el corazón de los ayuntamientos”.
Además, Garzón reprochó al Gobierno que con su iniciativa habrá “una amnistía a los ayuntamientos que han derrochado, porque los proveedores que se acojan a este decreto tendrán que renunciar a todos los procedimientos judiciales que tenían y que eran perfectamente legítimos”.
