La intención de nuestro Grupo, dijo, es atender en Aguilar a los usuarios que demanden este servicio para que cuando se desplacen a la oficina central de Córdoba, “lo hagan con una cita previa, sabiendo quién los va a recibir y a qué hora”. Las personas que estén interesadas pueden dirigirse a cualquier miembro del grupo de concejales de IU de Aguilar o informarse enla Sedede Izquierda Unida, en la calle Mercaderes.
Igualmente, indicó, que en la oficina de Córdoba se ofrece un asesoramiento y un acompañamiento de las personas que sufran este problema, tanto en el caso de que el proceso ya se haya iniciado, o haciendo también hincapié en la prevención.
Reseñó que la oficina de intermediación contra los desahucios es un servicio gratuito destinado a la atención y asesoramiento ciudadano por parte de un equipo especialmente cualificado de licenciados en derecho, administrativo y trabajadores sociales.
IU de Aguilar, dijo, atenderemos e informaremos a los vecinos de nuestro pueblo que requieran de este servició, y hemos pedido al acalde que firme cuanto antes el convenio con la Consejería de Fomento de la Junta, por el cual se podrá habilitar en Aguilar una oficina para atender a los ciudadanos que estén sufriendo esta problemática.
Igualmente informó que su grupo llevará al próximo Pleno Municipal una moción en relación al Decreto Ley aprobado por el Gobierno de la nación el pasado 15 de noviembre, con el que dijo no estar de acuerdo IU, señalando los puntos de desencuentro, y las propuestas hechas por Izquierda Unida. Dijo que:
. Es una ley-fraude porque los casos que incluye son excepcionales y minoritarios.
· Es intentar frenar una hemorragia con una tirita. Ante la creciente presión social, el Gobierno aplica la máxima de que “algo tiene que cambiar para que todo siga igual”.
· Es una ley que preserva los intereses bancarios, ya que no contempla ninguna obligación relacionada con la negociación ni condiciones de las hipotecas.
· No se trata sólo de los desahucios, que es la expresión extrema y dramática de un problema más profundo; se trata de la deuda privada de las familias sobre la base de una estafa extendida en el marco de una ley franquista de 1946 (Ley Hipotecaria).
· El poder local no puede mantenerse ajeno a este drama. Como siempre en los momentos importantes de nuestra historia, los ayuntamientos andaluces deben situar este problema en las prioridades de su agenda.
· La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha dado un paso al frente y ha roto con la neutralidad con la que las administraciones venían asistiendo al drama social de los desahucios, poniéndose del lado de las víctimas y frente a las entidades financieras. Lo ha hecho mediante la apertura, en el marco del nuevo Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, de oficinas provinciales de prevención, asesoramiento y protección de personas que están en riesgo de desahucio o que ya han sido desahuciadas. La Secretaria General de Consumo de la Vicepresidencia participa en las citada Oficina.
· Atendiendo a la situación de emergencia social y habitacional, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía paralizó además todos los desahucios en el parque público andaluz en casos de endeudamiento sobrevenido y en familias con menores y dependientes. Nadie se queda sin su vivienda del parque público de la Junta por no poder pagar.
· La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales está elaborando una Ley para preservar los derechos de las personas con hipotecas. Además la Secretaria General de Consumo ha puesto en marcha una inspección de hipotecas para ver si se adaptan a la directiva europea en esta materia. La idea es proteger los derechos de las personas que han firmado una hipoteca o que la vayan a firmar en un futuro.
PROPUESTAS
· Exigir la retirada del Real Decreto Ley por fraudulento, insuficiente, insensible y por estar sometido a las presiones de la banca.
· Exigir una reforma real y profunda de la Ley Hipotecaria, sin la cual todas las actuaciones que se aborden serán brindis al sol.
· La paralización inmediata de todos los desahucios de primera vivienda para lo que el Ayuntamiento debe evitar que la policía local pueda participar en ellos (debemos advertir de que, si hay requerimiento judicial, se estaría ante un conflicto por omitir cooperación con la Justicia, que es un mandato Constitucional).
· En Andalucía, frente a otras comunidades autónomas, la Consejería de Fomento y Vivienda no hace desahucios en su parque público, por lo tanto, no se puede dar el caso de que haya requerimiento autonómico.
· La dación en pago con carácter retroactivo, así como el alquiler social, debe promoverse como una fórmula que no dependa de las buenas voluntades o discrecionalidad de la banca, sino que sea un derecho regulado por norma.
· La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria son la base de una modificación justa para resolver el drama de los desahucios y de una privada agigantada por las políticas fraudulentas de la banca y de los Gobiernos que la ampararon. Sin la reforma de ambas leyes no hay solución al problema.
· IU apuesta por una quita de la deuda privada por adquisición de primera vivienda. El sistema hipotecario español se ha inflado artificialmente sobre bienes que no tienen el valor en que basaron el precio y su carga hipotecaria. La quita de la deuda se revela como la única salida para algo más que el drama de los desahucios, que es el endeudamiento de por vida de miles de familias. Lo que IU denomina la “deuda perpetua” que es la condena al pago de una hipoteca inflada por el acceso a un derecho constitucional como el de la vivienda. No olvidemos que hablamos de deuda que tienen una media de 30 años y que en muchos casos va a ser heredada por los hijos.
· IU defiende que los ayuntamientos apoyen la Iniciativa Legislativa Popular que contempla las actuaciones arriba enunciadas y que deben debatirse en el Congreso de los Diputados.
· Los Ayuntamientos deben convertirse en mediadores para evitar los desahucios físicos de las familias o colectivos afectados en cada pueblo o ciudad. Para ello deben hacer partícipes a las familias con riesgo para que se informen y entren en contacto con las oficinas provinciales del Plan andaluz en defensa de la vivienda, vinculada a la Consejería de Fomento y Vivienda, porque en los casos más extremos la prioridad de los Ayuntamientos deberá ser evitar el desalojo de la vivienda. Entre las actuaciones de mediación con las entidades bancarias deberá incluirse la de la amenaza, en su caso, de retirada de los fondos domiciliados en cuentas de esa entidad; en caso de que no haya fondos en la entidad concreta de la localidad, deberá darse publicidad a sus actuaciones cuando estas sean contrarias a evitar un desahucios.
· Para aunar esfuerzos en la lucha contra los desahucios, los ayuntamientos deben firmar el convenio ofrecido por la Consejería de Fomento y Vivienda en el marco del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, y que se asienta a su vez en un convenio marco firmado por la Consejería de Fomento y Vivienda con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
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