Izquierda Unida, a través de sus diputados en el Congreso Alberto Garzón y Ricardo Sixto, registró hoy en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla una querella criminal contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.
Sixto y Garzón explicaron a las puertas de los juzgados que esta acción judicial persigue dar respuesta a las “identificaciones indiscriminadas y las duras sanciones” realizadas contra numerosas personas que participaron e, incluso, no llegaron a hacerlo en las protestas convocadas hace algo más de un mes a través de las redes sociales, entre otros bajo el lema, #27O, volvemos al Congreso.
El escrito de la querella a través de la cual Izquierda Unida ejerce su derecho a la acusación popular imputa a Cifuentes los supuestos delitos de falsedad documental, contra la Administración Pública y el cometido contra la Constitución por autoridad o funcionario público contra los derechos individuales.
Sixto valoró que la respuesta dada a las protestas evidencia que la política de Interior que lleva a cabo el Gobierno del PP se centra únicamente en “la vía policial y la multa”, lo que resulta especialmente grave cuando se busca acabar así con concentraciones como la del 27 de octubre en la Plaza de España y en las inmediaciones del Congreso donde “miles de ciudadanos se manifestaron de forma pacífica”.
Alberto Garzón ha recordado que al día siguiente de esta protesta la propia delegada del Gobierno de Mariano Rajoy en Madrid anunció que la Policía había identificado a cerca de 300 personas. Al igual que Sixto, detalló que “tanto asistentes a esa protesta como ciudadanos que pasaban por ahí fueron identificados”. Con posterioridad, la Delegación del Gobierno les ha notificado la apertura de un expediente sancionador por asistir a una “protesta ilegal” y les reclama sanciones que, en algunos casos, llegan a los 500 euros.
Los diputados de Izquierda Unida consideran que la ciudadanía se enfrenta a “una estrategia deliberada por parte del Ministerio del Interior y que va encaminada a amedrentarles” para que desistan de participar en nuevas concentraciones contra los recortes del Gobierno y las políticas de restricción de derechos y de privatización de lo público que está imponiendo el PP.
En esta línea, el escrito denuncia la existencia en Madrid de “un plan previamente diseñado para identificar y sancionar a miles de ciudadanos críticos con el Gobierno y sus medidas”.
IU recuerda que no existe ningún precepto legal que justifique que se pueda considerar que una manifestación no comunicada equivale a una “ilegal” y añade que, según lo establecido en el Código Penal, “sólo pueden ser consideradas ilegales aquellas movilizaciones que tengan por finalidad cometer algún delito y aquellas a las que acudan personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o peligrosos”.
Preguntado por los periodistas, Alberto Garzón anunció que IU estudia extender la querella a delegados de otras comunidades como Andalucía, Valencia o Castilla-La Mancha donde también se ha podido actuar de esta misma forma.
En este sentido, Izquierda Unida colgará en su web un modelo-tipo de recurso para facilitar la posibilidad de que aquellos ciudadanos que hayan sido expedientados puedan responder de manera efectiva a las sanciones que se les trata de imponer de una forma tan arbitraria e injusta.
En la querella se incide en el desarrollo pacífico de las protestas y en el hecho de que “los únicos incidentes dignos de mención se produjeron cuando cientos de personas fueron acechadas e intimidadas por agentes de la Policía y obligadas a identificarse, bajo la amenaza de que de no hacerlo serían detenidas”.
IU expone también en su escrito que “este proceder por parte de agentes a las órdenes de la querellada, consistente en filiar de forma masiva y obligar a desvelar su identidad a los ciudadanos que se manifiestan, se está convirtiendo en habitual y continuado desde que la Sra. Cifuentes Cuencas tomó posesión de su cargo.”
Para la parte querellante, “la decisión de desvelar la identidad y sancionar a quienes se manifiestan críticamente contra el Gobierno está tomada previamente a la manifestación o reunión y con independencia de cómo se desarrolle el encuentro entre ciudadanos”.
La querella recuerda también que el secretario general del Sindicato de Policía SIPE, Alfredo Perdiguero, declaró públicamente el pasado 17 de noviembre “"con ocasión de la celebración de una manifestación por la defensa de los derechos del colectivo policial que, desde el Gobierno, se les está obligando a realizar identificaciones masivas e indiscriminadas”.
Asimismo, se señala que la propia Cifuentes “ha admitido públicamente la existencia de un listado de supuestos manifestantes inconformistas con el sistema actual”. El texto de la querella añade que, una entrevista concedida a Telemadrid el 30 de agosto de 2012, Cifuentes dijo que “tenía una lista negra compuesta por la nada despreciable cifra de entre 800 y 1000 disidentes políticos controlados por la Delegación de Gobierno en Madrid”.
