El secretario de Economía y Trabajo,
José Antonio García Rubio, presenta ante la Presidencia Federal el documento
para ‘El desarrollo de la alternativa económica en el nuevo contexto político’
El secretario federal de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, ha presentado hoy ante la Presidencia Ejecutiva Federal de esta organización el documento para ‘El desarrollo de la alternativa económica en el nuevo contexto político’, con el que se busca iniciar el debate para concretar un nuevo modelo productivo frente a la política del Gobierno de Mariano Rajoy.
Tal y como ha desarrollado García Rubio en su intervención, el objetivo de este informe es caracterizar y desvelar las verdaderas políticas del Partido Popular en el Gobierno, para lo que se parte de que el Programa Nacional de Reformas enviado por la derecha a las autoridades de la Unión Europea es el verdadero programa electoral del PP.
Izquierda Unida parte de que la derecha que representa el PP autocalifica este programa como la ‘Revisión integral de la política económica’ que implica:
- Un cambio estratégico del modelo social (del Estado social al Estado mínimo y represivo)
- Situar el modelo económico en un nuevo punto de partida para la recuperación del capitalismo, mediante un proceso de regresión social consistente, entre otras cosas en:
Trasvase ingente de recursos al capital financiero
Descenso de un 20% en los costes salariales para recuperar la tasa de ganancia
Entrada en el mercado de partes importantes del sector público (agua, salud,..) con la misma finalidad
- Revisar el modelo político: involución democrática, especialmente en lo referido a los derechos de manifestación y huelga, y los derechos laborales y sindicales, y que se busca que alcance también a la organización y competencias autonómicas (recentralización).
El PP reconoce que renuncia a cualquier política de creación de empleo, como es evidente en el Cuadro Macroeconómico presentado por el Gobierno, que acepta una tasa de paro en 2015 superior a la de 2011.
Frente a ello, Izquierda Unida insiste en la necesidad de un acuerdo de fuerzas políticas y sociales para un Plan de Choque por el Empleo y la Cohesión Social. Considera que ese plan debe dedicar una atención especial a los procesos evidentes de desintegración social como consecuencia de la crisis: parados sin prestaciones, pobreza (especialmente infantil y femenina), paro juvenil, etc.
El Gobierno debe exigir en Europa, e Izquierda Unida lo apoyará, la concreción de estímulos al crecimiento, al menos a través del Banco Europeo de Inversiones. El reparto de esos estímulos debe ser proporcional a la tasa de desempleo global, corregida por la tasa de desempleo juvenil.
En este apartado y como una de las ideas estratégicas del futuro, Izquierda Unida considera que “de acuerdo con el derecho al trabajo establecido en la Constitución (Art. 35), el Estado debe garantizar trabajo, subsidio de desempleo o formación pagada. El Estado debe ser el ‘empleador de último recurso’.
El informe de la Secretaría de Economía adelanta las siguientes propuestas:
a) Derogación de la Ley Orgánica de Estabilidad Financiera, la incorporación al texto de la Constitución Española del principio de garantía del gasto social y el reconocimiento de los derechos constitucionales al trabajo, vivienda, salud, etc. como derechos exigibles.
b) Una reforma fiscal justa y progresiva que establezca los principios de suficiencia de los ingresos para hacer frente a los gastos, del principio de equidad como fundamento democrático del gasto público y del criterio de convergencia fiscal con la UE en la contribución fiscal y en el gasto social. Los términos esenciales de esa reforma de la fiscalidad han sido ya propuestos por IU en numerosas iniciativas legislativas.
c) Un plan de lucha contra el fraude y la Economía Sumergida. Los contenidos esenciales de nuestra propuesta han sido ya definidos por IU. Entre sus elementos señalamos:
a) Derogación de la amnistía fiscal
b) Situar en 1.000 euros el límite de las operaciones de pago en metálico
d) Avanzar en la federalidad fiscal para poder exigir corresponsabilidad fiscal. Legislación sobre mínimos de contribución fiscal para cada impuesto y tasa para evitar el dumping fiscal. Promulgación urgente de la Ley de Financiación Local.
e) Modificación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y/o desarrollo normativo de acuerdo con las competencias autonómicas para introducir criterios de transparencia, control, límite del coste, etc.
En cuanto a la situación de la deuda y de la crisis del sistema financiero, no se trata de que los bancos españoles tengan activos tóxicos o dudosos, sino que los créditos concedidos a los bancos españoles se han trasformado en activos tóxicos para los bancos acreedores. Ese efecto arrastra también a la deuda soberana española, que es utilizada por los bancos para respaldar las operaciones de renegociación de créditos.
IU está de acuerdo en la nacionalización permanente y global en un único Banco Público de todas las instituciones intervenidas hasta el momento (Bankia y el resto de las Cajas, así como el Banco de Valencia). Con este volumen de deuda, no se trata de que los bancos españoles tengan activos tóxicos o dudosos, sino que los créditos concedidos a los bancos españoles se han trasformado en activos tóxicos para los Bancos acreedores. Ese efecto arrastra también a la deuda soberana española, que es utilizada por los bancos para respaldar las operaciones de renegociación de créditos.
En cuanto a los activos inmobiliarios en poder de las empresas inmobiliarias segregadas, el informe de IU considera que deben ser territorializados. Se propondrá que las CC.AA. creen Empresas Públicas de Gestión de Vivienda Social. Como método prioritario consideramos un Programa de Vivienda Social en usufructo, que podría ser financiado con cargo al Plan de Viviendas 2012-2015 y la emisión de cédulas hipotecarias. Esos activos deben ser utilizados para dar una salida a la escasez de vivienda social existente en España. Estamos trabajando sobre una alternativa global al sector de la vivienda, que considera también fórmulas de vivienda social diferentes a la compra o el alquiler, económicamente viables y sostenibles.
