El responsable federal de la Secretaría de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, ha explicado hoy que IU “va a instar a la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en todos aquellos parlamentos autonómicos cuyos estatutos de autonomía y competencias así lo permitan y en los que exista representación de nuestra fuerza política”.
Izquierda Unida va a ampliar así la iniciativa ya emprendida a comienzos de esta semana por esta formación en las Cortes de Aragón, donde a través de su grupo parlamentario que encabeza Adolfo Barrena ya ha registrado la petición para que se convoque un Pleno para debatir la presentación del recurso de inconstitucionalidad, al considerar que la reforma va en contra “de los derechos y deberes de los trabajadores aragoneses”.
Izquierda Unida “coordinará y adaptará el contenido así como el proceso de presentación de esta iniciativa a lo requerido por los diferentes estatutos en cada una de las comunidades señaladas”, detalla García Rubio.
Según informa el responsable económico de IU, el recurso de inconstitucionalidad se basará en los siguientes aspectos:
1) La no justificación de las razones de urgencia y excepcionalidad para la aprobación de un RD-Ley con esos contenidos.
2) La afectación de las competencias establecidas en los diferentes Estatutos de Autonomía
3) La incidencia del RD-Ley sobre lo establecido en los siguientes artículos de la Constitución Española:
a. Al artículo 35.1 que garantiza el derecho al trabajo, suficientemente remunerado y a la libre elección de profesión y oficio.
b. A lo establecido en el artículo 37.1 que garantiza el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios.
c. A lo establecido en el artículo 40.1 que exige a los poderes públicos políticas orientadas al pleno empleo.
d. A lo establecido en el artículo 40.2 que garantiza la formación profesional, la seguridad e higiene en el trabajo, la limitación en la jornada laboral y las vacaciones retribuidas.
e. A lo establecido en el artículo 24 que garantiza la tutela judicial efectiva.
f. La vulneración del artículo 7 que otorga un papel constitucional destacado a los sindicatos de trabajadores.
g. Vulneración del artículo 9.3 que establece la irretroactividad de las disposiciones y el principio de seguridad jurídica.
A estos elementos hay que añadir la discriminación establecida en el periodo de prueba de un año en los nuevos contratos y en relación con la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Según García Rubio “la reforma laboral del Gobierno del PP desnuda a los trabajadores y trabajadoras de cualquier tipo de protección jurídica y administrativa en su capacidad contractual frente a los empresarios, que por sí misma ya es desigual, y pretende acabar con decenas de años de conquistas laborales de los asalariados y con todos los principios del derecho del trabajo construidos a lo largo de las últimas décadas”.
