Moción de IU en el Pleno de Mayo

El Grupo de concejales de IU del Ayuntamiento de Aguilar presenta al Pleno Municipal la siguiente Moción de Enmienda a la totalidad al texto de la Moción presentada por el Grupo Popular sobre el Plan Económico Financiero de Reequilibrio de Andalucía. .

Hoy más que nunca, y tras el estrepitoso y evidente fracaso de las medidas económicas puestas en marcha por el gobierno del Partido Popular, en clara connivencia con las directrices marcadas por la canciller Ángela Merkel, en su estudiada y premeditada agresión a las clases medias y trabajadoras de los países europeos más vulnerables al ataque de los mercados, es necesario hacer reaccionar a los pueblos, contra quienes el capitalismo más feroz pretende mantener estrategias que, sacrificando los derechos fundamentales de las personas y los trabajadores, sacan pingues beneficios para sus intereses y países.


Que duda cabe, porque lo reconocen hasta los propios economistas serios de adicción Conservadora, que la reforma de la Constitución y la aprobación de la ley orgánica de “Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera” se ha convertido en el eje y sostén de una política económica que arrastra a este País al abismo más absoluto, y con él, a las clases más vulnerables socialmente. Ambas medias se han revelado inútiles para conseguir cualquier propósito de desarrollo económico.

No funcionan por que los mercados son insaciables. Los mercados son, la suma de los intereses económicos de diferentes sujetos financieros, tales como la banca, las grandes empresas y las grandes fortunas. Esos intereses no se basan en criterios sociales sino de maximización de beneficios, de modo que están aprovechando todo este entramado legal para desarrollar lo que se conoce como especulación financiera, que lleva a España a estar permanentemente bajo agresión. No hay forma alguna de “contentar” a los mercados.

La reforma de la Constitución, y la aprobación de la ley de estabilidad presupuestaria, se traduce en la práctica en recortes del gasto público (inversión pública especialmente) que son fundamentales para estimular el crecimiento económico. Ello conlleva necesariamente un empujón hacia una mayor recesión y, por lo tanto, menores ingresos impositivos.

Si bajan los gastos, pero también bajan los ingresos, lo que se mantiene igual, o incluso puede empeorar, es el déficit y la necesidad de endeudamiento público. Esto no es sólo un obvio razonamiento económico sino que también es lo que le está ocurriendo a Grecia y Portugal, que tras más de un año de recortes están viendo cómo su déficit se dispara y su crecimiento económico se hunde.

La nueva ley orgánica obedece a las instrucciones de la Unión Europea, cuya configuración económica e institucional no sólo es frágil y antidemocrática, sino que también es contradictoria por el diferente papel que tienen los países del centro y la periferia en la división internacional del trabajo. Dicho de forma más clara: los intereses económicos de países como Alemania y Francia distan mucho de parecerse a los que tienen los países de la periferia como Italia, Grecia, Portugal o España. En este sentido, no hay oportunidad para una solución que se base en maximizar los intereses económicos nacionales. Obedecer a la Unión Europea supone aceptar un destino fatídico para la cohesión social y el mantenimiento de las instituciones sociales europeas.

El verdadero gobierno de la Unión Europea reside en los centros financieros, de donde provienen precisamente los líderes de muchas de sus instituciones cuyos intereses tampoco son los de la mayoría de la población europea. Nos encontramos así con que la ley de estabilidad presupuestaria se ha convertido en una palanca de destrucción del Estado del Bienestar. Los recortes impuestos no resuelven los problemas reales de la economía (inexistencia de un modelo productivo estable y sostenible y alta desigualdad económica) y promueven un deterioro mayor de la economía (más recesión, menos ingresos públicos), Por este camino el ajuste se vuelve permanente. Los recortes avanzan por todas las esferas del Estado del Bienestar. Hasta su destrucción definitiva.

Y eso es lo que se pretende el PP. Acabar con las esferas públicas que ocupan un espacio muy deseado para las empresas privadas, especialmente en las grandes áreas como la Educación y la Sanidad. El botín económico de lo público es más asequible para la explotación privada con el uso de leyes como ésta y reformas constitucionales como las que aprobó el PSOE y PP el año pasado.

No hay nada más que eso. Ni esta ley ni los presupuestos generales del Estado hablan sobre modelo productivo. Todas las reformas emprendidas por este gobierno, como las del anterior en su última fase, giran en torno a la “necesidad de satisfacer a los mercados”. Compensación a la que se suma el presidente Rajoy de forma beligerante obligando a las comunidades autónomas, bajo la amenaza de la intervención del Estado, a cumplir la legalidad derivada de la ley de estabilidad.

Especialmente duro está siendo el PP con Andalucía, a la que se perjudica de manera intencionada cuando se le recorta más de 35 millones de euros en las políticas activas de empleo, o cuando desde la inmoralidad, y de manera premeditada para incrementar los recortes andaluces en más de 200 millones de euros, el PP ha impuesto con su mayoría absoluta que la distribución de los recortes en las comunidades autónomas se haga en función del PIB y no por el número de habitantes como sería lógico.


Es el PP quien, a través de esta ley, ejecuta el brutal recorte económico en las comunidades autónomas, a quienes obliga a situarse en el 1,50 por ciento del nivel de endeudamiento, cuando para el Estado se marca el 3%.

Por lo anteriormente expuesto el Grupo de Concejales de Izquierda Unida propone al Pleno Municipal que se tomen los siguientes acuerdos:

1. Manifestar nuestro más enérgico rechazo a la ley orgánica de “Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera” al constituir el instrumento legal que permite al Gobierno del Estado someter a las comunidades autónomas a los recortes presupuestarios.

2. Dirigirse al Presidente del Gobierno solicitando la derogación de la ley de “Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Económica”.
El portavoz
Antonio Maestre Ballesteros