Frente a treinta años de políticas continuistas, representadas y en confrontación nítida con las políticas neoliberales del Partido Popular, Izquierda Unida suscribió el pasado 18 de abril, un “pacto de Gobierno por Andalucía” plasmando en un compromiso político el mensaje de cambio que el pueblo andaluz expresó en las elecciones autonómicas del 25 de Marzo, en las que nuestra organización multiplicó por dos su representación institucional.
Dicho acuerdo fue sometido a la consulta de las asambleas de base de IULV-CA. El 80% de los militantes avalaron dicho acuerdo y aprobaron asumir tareas de Gobierno para llevar a la práctica un total de 250 medidas y 28 leyes esenciales para la transformación social y económica de nuestra tierra. Han transcurrido 46 días desde la toma de posesión del Gobierno andaluz, y en el marco de unas enormes dificultades económicas financieras, IULV-CA ha comenzado a cumplir los compromisos adquiridos en nuestro programa electoral y el Acuerdo de Gobierno suscrito:
Incorporación activa del Gobierno Andaluz a la lucha frente a los desahucios y por una vivienda digna, promoviendo la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la dación en pago de la mano de numerosas organizaciones sociales y sindicales. Defensa del carácter inembargable de la primera vivienda.
Constitución del Grupo de Trabajo sobre BANCA PÚBLICA para atender las necesidades de las familias, las empresas y pequeños autónomos de nuestra Comunidad.
Creación del Grupo de Trabajo sobre RENTA BÁSICA a favor de la inclusión social y la protección de los más desiguales, cumpliendo lo dicho en nuestro Programa Electoral y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Puesta en marcha del “PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO” por valor de 200 millones de euros para generar empleo y oportunidades de trabajo donde más falta hace.
Puesta en marcha de la COMISION DE INVESTIGACION SOBRE LOS ERES y las posibles irregularidades en la concesión de ayudas a empresas en crisis.
Es la primera vez en 17 años que hay una comisión de investigación en el
Parlamento de Andalucía. El PSOE se negó hasta en 10 ocasiones a constituir una comisión para investigar el uso fraudulento de fondos públicos. Sólo gracias a Izquierda Unida se investigará este asunto “buscando la verdad”, bajo las premisas expresadas por el portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro: “Caiga quien caiga” con la comparecencia de “sea quien sea” y “esté o no esté en el actual Gobierno”. Esas serán las bases de trabajo de una comisión de investigación, que presidirá IU que hará su labor “sin vetos, pero sin caer en cacerías políticas”.
Junto con estas medidas que ya están en marcha, Izquierda Unida ha colocado sobre la mesa el inicio del debate colectivo, desde abajo, de las leyes de Participación Ciudadana, la Ley Andaluza sobre Memoria Democrática, la Ley Andaluza sobre derechos de Consumidores y Usuarios, la construcción de la Agenda Andaluza por el Empleo, el Pacto Andaluz por el Turismo o la Carta de Derechos de Ciudadanía.
Porque compañeros/as, más allá de los intereses legítimos de carácter sectorial, Izquierda Unida aborda su acción de gobierno desde una óptica global de intervención; Gobernar contra la pobreza, contra la exclusión. Gobernar a favor de la mayoría social y contra la desigualdad. Para nosotros, la única razón por la que merece la pena estar en un Gobierno es para transformar el modelo productivo de Andalucía. Todo lo demás sencillamente, no sirve. Y para lograr esa transformación necesitamos tiempo. No es posible desarrollar la potencialidad que encierran 250 medidas y 28 leyes en tan sólo 46 días de Gobierno.
Como no es posible juzgar la acción de un Gobierno por la aplicación de unas medidas de ajuste a las que Izquierda Unida se opone frontalmente.
Izquierda Unida no quiere ajustes, ni recortes. Izquierda Unida reniega sobre todo, de un sistema neoliberal que obliga a aplicarlos de una forma injusta e indiscriminada.
Los recortes impuestos por el Gobierno Central se traducen: 7000 millones de euros menos en Sanidad y 3000 millones de euros menos para Educación.
Unos Presupuestos Generales del Estado, que IU votó en contra, que quitan a
Andalucía 960 millones de euros en transferencias. No se reconocen 1.500 millones de euros en inversiones como determina expresamente el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Obligación de recorte de gastos de la Comunidad Autónoma andaluza por valor de 2700 millones de euros.
Frente a esta situación, Izquierda Unida podía entregar la llave del Gobierno a la Derecha facilitando el despido masivo de funcionarios, el recorte de derechos y privatizaciones a todos los niveles. Y esto supera para IU los límites admisibles que no vamos a dejar traspasar bajo ningún concepto.
La realidad hay que expresarla con toda rotundidad; NO HAY RECORTE IMPULSADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA. ES UN RECORTE QUE VIENE DEL GOBIERNO CENTRAL.
