miércoles, 22 de agosto de 2012

U rechaza que el "Gobierno endurezca los requisitos para acceder a las becas y penalice a quienes tienen más dificultades para estudiar"


IEl Área Federal de Educación de IU denuncia que el “Ejecutivo del PP ha ideado una forma de selección y segregación encubierta contra los estudiantes de las clases sociales más desfavorecidas, los mismos que se ven más afectados por la actual crisis económica”

Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, denuncia que el Gobierno “endurece de manera injusta los requisitos de acceso en su última convocatoria de becas para el próximo curso, con lo que perjudica al alumnado con menos recursos y penaliza a quienes más dificultades tienen para estudiar”.


Para IU, estas medidas “suponen nuevos recortes que se ceban con quienes más necesitan las ayudas públicas para continuar sus estudios. El Gobierno del PP ha ideado una forma de selección y segregación encubierta contra los estudiantes de las clases sociales más desfavorecidas, los mismos que se ven más afectados por la actual crisis económica”.

Izquierda Unida exige al Gobierno que “garantice plenamente el mandato constitucional del derecho universal a la Educación”, para lo cual el Estado no puede pasar por alto la existencia de las desigualdades y desventajas sociales de partida que existen. Por ello, desde esta formación se advierte “sobre el atentado perpetrado a la necesaria equidad del sistema educativo. No es de recibo que se añadan más obstáculos al derecho a la Educación, ya sea con nuevas exigencias académicas o con otras restricciones a la hora de acceder a las becas y ayudas al estudio”.

Desde esta formación se considera “escandaloso” el retraso de esta convocatoria de becas destinadas al alumnado de estudios postobligatorios y estudios superiores, además de “muy grave” que no se hayan incluido becas para realizar estudios correspondientes al tercer ciclo o doctorado, estudios de especialización ni títulos propios de las universidades. “Mucho nos tememos que éstas ni están, ni se les espera”.

El Área de Educación de IU señala que “exigir una nota media más elevada para acceder a una beca o tener que aprobar el 80% o 90% de las asignaturas para mantenerla es una forma de expulsar del sistema educativo a un sector de la población que sociológicamente ha contado con menos medios en la educación obligatoria para acceder a estudios postobligatorios”.

“Además –se indica-, si el Gobierno del PP ya decidió elevar exponencialmente el precio de la matrícula de asignaturas suspendidas, esta convocatoria recorta, además, un 50% la cuantía de la beca para quienes necesiten un año extra para terminar sus estudios”. Se introducen así recortes tras recortes que atentan especialmente contra quienes carecen de recursos para pagarse estudios postobligatorios.

Izquierda Unida denuncia que el ministro Wert “ejecuta todo un repertorio de medidas para disuadir a muchos estudiantes que no pueden costearse los estudios. Esto es especialmente grave cuando la crisis condena a millones de personas al paro y priva a cientos de miles de familias de los recursos para que sus hijos e hijas accedan o continúen los estudios para su formación y acceso cualificado al mundo laboral”.

Como ejemplo, IU señala que si para las denominadas ‘becas generales’ de Bachillerato y FP (importe íntegro de la matrícula) se conservan los parámetros económicos y académicos del curso anterior, para las ‘becas-salario’ (matrícula y una compensación económica para que los estudiantes no tengan que compatibilizar estudio y trabajo) los requisitos académicos se han endurecido para acceder a ellas y para mantenerlas.

Además, se reducen las cuantías por el componente residencia y compensatoria para becarios de Formación Profesional, y se eliminan los complementos por mayor coste de vida para estudiantes que han de trasladarse a grandes ciudades.

También se fijan restricciones para el acceso a las becas de los estudiantes extranjeros, puesto que para recibir las ayudas se necesitará ser español o de algún Estado miembro de la UE y estar trabajando, él o sus sustentadores, en España desde antes del 31 de diciembre de 2011.