José Antonio García Rubio, secretario de economía y trabajo, advierte de que “no se puede utilizar a la seguridad Social como ‘chivo expiatorio’ del déficit de una forma tan poco rigurosa y sin detallar cómo se han hecho los cálculos”.
El secretario federal de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, considera en su valoración de las nuevas medidas económicas anunciadas hoy por el Ejecutivo del PP que, en lo referido a la lucha contra el fraude fiscal, “el Gobierno ha decidido establecer unos objetivos muy limitados de los que, además, no se ha dicho nada de que vayan a tener continuidad en ejercicios posteriores”.
García Rubio recuerda que pese a que el plan antifraude hecho público “va en la línea de las propuestas realizadas por IU para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida, parece que el Gobierno de Mariano Rajoy prefiere no hacerlo de forma decidida. Sin duda, se queda corto cuantificando los objetivos en 8.171 millones de euros, teniendo en cuenta que los propios técnicos de Hacienda estiman en cerca de 42.700 millones anuales el fraude de las grandes empresas y fortunas”.
El dirigente federal de IU señala que “estamos de acuerdo con la limitación de los pagos en efectivo, iniciativa que desde nuestra formación ya propusimos de forma reiterada hace bastante tiempo”, sin embargo llama la atención sobre el hecho de que “el resto de medidas instrumentales anunciadas son confusas e insuficientes. El Gobierno no ha despejado la duda de que vaya a propiciar, de hecho, algo parecido a una ‘amnistía fiscal’, mediante lo que su portavoz ha definido de forma eufemística como ‘autorregulación’. Quedamos a la expectativa de ver en qué consiste realmente”.
En líneas generales, José Antonio García Rubio opina que lo decidido hoy por el Consejo de Ministros “son medidas que, en su conjunto, se han expresado de forma ambigua y más como planes de futuro que como disposiciones legales de aplicación inmediata”.
Por ejemplo, critica que “el Gobierno se tenga que escudar tras un informe del Banco de España para acabar con las escandalosas retribuciones de los directivos de instituciones financieras que han recibido ayudas públicas”.
El responsable económico de IU valora también que “con el anuncio destacado y reiterado de que la Seguridad Social cerrará el ejercicio de 2011 con el ligero déficit del 0,06%, en lugar del superávit previsto, parece que el PP ha decidido elegir un ‘chivo expiatorio’ muy conveniente para sus planes, pero completamente injustificado”.
“No sólo la portavoz ha evitado explicar si ese déficit tiene más que ver con las prestaciones por desempleo o los gastos del FOGASA, sino si en su cálculo se han tenido en cuenta los aplazamientos de pagos que la Seguridad Social concede a las empresas o las deudas de éstas o del Estado, en este caso en lo referido a los compromisos establecidos en el Pacto de Toledo sobre a prestaciones no contributivas y otros gastos”, detalla García Rubio.
El responsable federal de Economía de IU afirma en cuanto a la reducción del número de organismos públicos que “consideramos imprescindible que este plan se discuta con los gobiernos autonómicos. Esto, en cuanto a la forma, pero en cuanto al fondo es preciso ver los organismos que se verán afectados, el procedimiento que se seguirá y las consecuencias sobre el empleo”.
Señala que “los ciudadanos tienen ya sobradas experiencias de que el PP explota la fórmula de justificar este tipo de ‘adelgazamientos’ por el ahorro para ocultar sus deseos de privatización y de deterioro del servicio público, lo que a la larga acaba siendo mucho más costoso.”
José Antonio García Rubio considera también que “el Gobierno de Rajoy se escuda tras el Consejo de Seguridad Nuclear para prorrogar el cierre de Garoña. Esta prolongación, además de los graves problemas de seguridad que puede inducir, es un regalo a las eléctricas, que ya han amortizado de sobra su inversión para construir la central”.
