"25 Noviembre: Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres", artículo de Charo Luque
Uno de los aspectos más llamativos de la violencia contra las mujeres, son los asesinatos a manos de parejas o ex parejas. Pero la violencia sexista va, desgraciadamente, mucho más allá del crimen o de las palizas. La intimidación psicológica, que demasiados hombres ejercen sobre las mujeres, es también una perspectiva violenta no tan tenida en cuenta a la hora de analizar el terror físico.
Pero, además, desde nuestra perspectiva feminista debemos examinar la violencia machista de forma global como estructura casi indisoluble que nos invade socialmente. Y decimos que es una estructura perenne y permanente, porque la arbitrariedad institucional a la hora de abordar esta lacra, está cargada de una parcialidad patriarcal, más o menos consciente, que permite su perdurabilidad.
Desde IU y desde el movimiento feminista, venimos denunciando que son los gobiernos, el Estado desde cualquier ámbito territorial y de responsabilidad, quienes deben poner todos los medios políticos, personales, materiales y económicos para acometer de forma realmente integral la violencia de género.
Hasta ahora, las leyes puestas en marcha, tanto a nivel estatal como autonómico, se han demostrado ineficaces, no sólo porque en su mayoría están configuradas como declaración de intenciones sin soporte obligacional ninguno, sino porque además, al encarar la violencia de género desde el punto de vista de las relaciones “afectivas”, dejan fuera del marco legal casi todos los aspectos que forman el conjunto de violencias que siguen amparado discriminaciones e injusticias hacia las mujeres. Por hablar del contexto español solamente, dícese, como ejemplos, la tenaz invisibilización y exclusión de las mujeres del poder real, el mantenimiento estereotipado de roles, la discriminación salarial y laboral, la objetualización corporal, las discriminaciones directas e indirectas, la explotación y esclavitud sexual, etc.
Izquierda Unida propuso hace tiempo un gran Pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas y sociales, que aún mantenemos, que se basara en el compromiso de alcanzar a todos los niveles, un acuerdo que comprendiera básicamente la determinación de no avalar ni institucional ni socialmente, ninguna manifestación de violencia de género, combatiéndola de todas formas y con todos los medios al alcance.
Es decir, este Pacto vendría a poner todos los medios necesarios para que ninguna violencia, ya sea como manifestación individual o colectiva (empresa, medio de comunicación, institución, etc) no tuviera a partir de este Pacto, no sólo ningún tipo de complicidad, ni explicación o justificación, sino que además tuviera que enfrentarse a la fuerza de la justicia social.
