El coordinador federal de IU advierte que Rajoy “no cumple” con sus promesas en campaña y en la investidura cuando dijo que su prioridad era crear empleo ya que este ajuste “sólo va a servir para destruir puestos de trabajo”.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha hecho esta tarde una primera valoración de urgencia de los recortes aprobados horas antes por el Consejo de Ministros, que tachó de “injustos e inútiles”. Sobre las modificaciones en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) destacó que, pese a los cambios, “las rentas de los trabajadores van a seguir más gravadas que las del capital”.
Lara ha advertido en una rueda de prensa en el Congreso que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha empezado por “no cumplir” con lo que prometió en la reciente campaña electoral del 20-N y en su discurso de investidura cuando aseguró que su prioridad era la creación de empleo. Recordó que los ajustes decididos ahora, que supondrán una reducción del gasto de 8.900 millones de euros, “sólo van a servir para destruir puestos de trabajo”.
Para el presidente portavoz del grupo parlamentario de IU en el Congreso, el Gobierno ha conseguido que “las rebajas del mes de enero se adelanten a diciembre”. En su opinión, el Ejecutivo de Rajoy hace una apuesta “seguidista” de las políticas del Gobierno socialista de “recorte tras recorte” sólo con vistas a reducir el déficit, pese a haberse demostrado que generan “más crisis y más paro”.
Detalló que la congelación del salario mínimo interprofesional (SMI) o de los sueldos de los empleados públicos supone en realidad “un recorte porque el aumento de los precios con la inflación les afectará negativamente”.
Recordó que el “ya de por sí bajo SMI afecta al cálculo de las becas, las rentas de inserción o los salarios y programas sociales”, y congelarlo “perjudica los intereses de varios millones de trabajadores, los sectores más vulnerables”.
Además, Lara ha advertido que ni el Gobierno anterior ni éste del PP han cumplido con lo que defiende la Carta Social Europea, según la cual “el SMI debería suponer el 60% del salario medio de los países de la UE, es decir, 1.026 euros”, cuando en España, con 641 euros, se sitúa muy lejos de esa cifra.
Valoró el “recorte indirecto” que ahora se añade al recorte salarial que los empleados públicos ya tuvieron el año pasado, al aumentar su horario de trabajo de 35 a 37,5 horas semanales, y criticó que se deje la tasa de reposición en sólo uno de cada diez profesores o profesionales sanitarios que se jubilen.
Lara valoró que esto último supondrá un menoscabo de lo público, un incremento de las listas de espera en los hospitales y de la masificación en las aulas y, por tanto, un desvío de pacientes y alumnos al sector privado “que es uno de los grandes objetivos del Gobierno del PP”. Además, el bajo reemplazo de inspectores de la Agencia Tributaria limitará la lucha contra el fraude fiscal.
El máximo responsable de IU también se ha referido a la “insuficiente subida de las pensiones” y ha censurado que sólo sea del 1 por ciento, porque el Gobierno ha calculado un IPC “de forma poco creíble y con una previsión muy interesada”.
Cayo Lara denunció la contradicción de las primeras medidas del Gobierno en materia impositiva, ya que los ‘populares’ votaron siempre cuando estaban en la oposición únicamente por reducir el déficit sin aumentar los ingresos fiscales. No obstante, insistió en que, con la subida del IRPF, “se grava más a las rentas del trabajo que a las del capital, no se gravan los beneficios de las empresas, no se tocan las SICAV y no se lucha contra el fraude. Los trabajadores seguirán pagando cuatro veces más impuestos que las rentas del capital”.
Para el coordinador federal de IU “resulta especialmente curioso” que el PP haya votado siempre en el Parlamento contra las propuestas de IU de luchar contra el déficit público por la vía de incrementar los ingresos fiscales, mientras ahora justifica sus medidas fiscales asegurando que son “necesarias, eficaces y equitativas”.
Recordó que tales medidas, de haberse hecho bien, hubieran ahorrado mucho sufrimiento, reducido el déficit y supuesto menos intereses por la deuda de haberse aplicado cuando el déficit era del 11,2% sobre el PIB, cuando comenzó la crisis, y no ahora que, según lo adelantado por el Gobierno de la derecha, quedará en el 8% en este 2011.
Lara descalificó que se congele durante un año la aplicación de la Ley de Dependencia y sugirió que se podrían haber recortado otras partidas, como la destinada a la Iglesia, de la que dijo que es la institución que más subvenciones recibe del Estado.
A preguntas de los periodistas, aseguró que no criticaría la reducción de las subvenciones a las formaciones políticas y a los agentes sociales siempre que se haga “de manera proporcionada y proporcional”. Recordó, no obstante, en relación a lo ocurrido con algunas formaciones políticas que “hay quienes han tenido muchas excepciones bancarias y hasta financiación irregular”, algo que no ha le ha pasado a IU.
