Izquierda Unida recoge en su propuesta que ya en 2011 “se reduzca en 5 puntos de PIB el volumen de economía sumergida, lo que supondría un aumento de la recaudación fiscal de 12.700 millones de euros y de 6.500 millones en cotizaciones a la Seguridad Social. Además, se plantea duplicar los objetivos de ingresos de la deuda por fraude gestionada por la Agencia Tributaria hasta los 6.115 millones euros”.
Izquierda Unida, a través de su coordinador federal, Cayo Lara, el portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, y el secretario federal de Economía y Trabajo, José Antonio García Rubio, ha presentado hoy en el Congreso su propuesta para llevar a cabo una “auténtica reforma fiscal progresiva, para que paguen más las rentas más altas, sin afectar a los trabajadores y a las clases medias, y aplicando una verdadera lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida”, en palabras de sus responsables.
Los dirigentes de IU ofrecieron una rueda de prensa junto a los responsables del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Ghesta) Carlos Cruzado y Manuel Gil, con quienes mantuvieron una reunión previa en la que constataron “las amplias coincidencias para abordar la crisis y los cambios necesarios en materia impositiva buscando mayores ingresos para el Estado y sin tener que llegar a los recortes sociales que viene aplicando el Gobierno”.
En el encuentro conjunto ante los medios de comunicación, Cayo Lara destacó esta sintonía con los técnicos de Hacienda “para que se aplique una correcta política económica en la que la reducción del déficit pase claramente por incrementar los ingresos, en lugar de recortar el gasto público, especialmente el destinado al capítulo social”.
José Antonio García Rubio señaló que “la prioridad debe de ser la creación de empleo y esto sólo es posible con un relanzamiento de la actividad económica, además de combatir el déficit”.
Gaspar Llamazares, por su parte, indicó que la propuesta de ajuste del Gobierno es “injusta y va a provocar una recaída en la crisis económica, mientras que las medidas que propone IU son más sólidas y socialmente más aceptables”.
Carlos Cruzado, presidente de Gestha, insistió en que “hay que luchar contra la economía sumergida”, que cifró alrededor del 23,3% del PIB, ya que “se escapan al control de Hacienda unos 240.000 millones de euros, que generarían ingresos por importe de 90.000 millones”.
Aunque reconoció que es “casi imposible” controlar la totalidad de esta situación, dejó claro que es factible recortar la economía sumergida unos 10 puntos, “lo que reportaría 25.500 millones a Hacienda vía impuestos y otros 13.000 millones en cotizaciones sociales”.
Al respecto, Izquierda Unida recoge en su propuesta que ya en 2011 “se reduzca en 5 puntos de PIB el volumen de economía sumergida, lo que supondría un aumento de la recaudación fiscal de 12.700 millones de euros y de 6.500 millones en cotizaciones a la Seguridad Social”, explicó García Rubio.
Además, IU plantea “duplicar”, también en 2011, “los objetivos de ingresos de la deuda por fraude gestionada por la Agencia Tributaria hasta los 6.115 millones euros”, dando así un golpe a lo que Lara definió como un “cáncer de la democracia española en materia fiscal”, ya que “uno de cada cuatro euros no paga impuestos”.
Los dirigentes de Izquierda Unida mostraron a los responsables de Gestha su total respaldo para que el Gobierno refuerce los recursos materiales y humanos de la Agencia Tributaria.
En materia impositiva, José Antonio García Rubio explicó que “Izquierda Unida propone una modificación no simbólica del IRPF de las rentas más altas, para que haya un incremento real de la recaudación. No afectaría para nada a las clases medias y a los trabajadores, porque estamos hablando de una franja de contribuyentes que no llega al 4%”.
IU recoge en su propuesta introducir dos nuevos tramos en el IRPF: uno para las declaraciones comprendidas entre 60.000 euros y 120.000 euros de base liquidable, con una elevación del tipo del 43% al 45%. El otro tramo iría dirigido a las cuotas líquidas superiores a 120.000 euros anuales, con un tipo del 50%.
Esta medida afectaría a un total de 773.000 de declarantes, el 3,98% del total, y permitiría un aumento de la recaudación en 2.500 millones de euros.
También se plantea la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, que permitiría recaudar 2.120 millones, y el incremento del tipo del Impuesto de Sociedades al 35% para los sujetos pasivos con una base imponible superior a 30 millones de euros. Esta medida va dirigida únicamente a 700 grandes empresas -un 0,12% del total-, y aumentaría la recaudación en cerca de 5.300 millones de euros.
Se incluye la supresión europea de los billetes de 500 euros y modificar el régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores extranjeros desplazados a España -la conocida como ‘Ley Beckham’-, que sigue vigente para aquellos que no superan los 600.000 euros anuales por ingresos y que tributan al 24%, en lugar de al tipo máximo del 43% que se aplica a los declarantes nacionales.
La propuesta presentada por IU pide elevar al 5% la tributación de las SICAV como paso previo a una modificación de la legislación sobre estas sociedades que evite “los actuales abusos de los propietarios, en los que hay uno principal y 99 ‘mariachis’ como se denomina en el argot tributario”, explicó García Rubio.
Cayo Lara criticó que el Gobierno “haga oídos sordos" a las propuestas de IU para hacer frente a la crisis y señaló que “la salida de ésta no pasa por el ajuste duro. El aumento del paro demuestra que las medidas adoptadas no están acertando con la solución”.
