Cuando estamos conmemorando la tercera década de los Ayuntamientos democráticos, se pone de manifiesto, más que nunca, la cruda realidad de las Haciendas Locales, mermadas y esquilmadas por las políticas restrictivas que los Gobiernos del PP y PSOE han practicado con respecto a la participación de los Ayuntamientos en el reparto de los Fondos del Estado.Una situación agravada por la pérdida de autonomía local, al imponer el Gobierno de turno el destino de los fondos que se traspasan a los Ayuntamientos, obligando a éstos, a invertirlos en cuestiones que no demandan o requieren los vecinos, o no son las más prioritarias.
Treinta años transcurridos y los dos partidos mayoritarios han sido incapaces de sacar adelante la prometida Ley de las Haciendas Locales, para la que Izquierda Unida propone el reparto de los Fondos del Estado en el cincuenta por cierto para el Gobierno Estatal, veinticinco por ciento para las Comunidades Autónomas, y el veinticinco restante para los Ayuntamientos, con la libertad invertirlos en lo que valore cada Municipio sea de más demanda o necesidad entre sus vecinos.
La falta de recursos económicos y la obligación de atender nuevos servicios, muchos de ellos derivados de competencias disgregadas del Estado o la Junta de Andalucía, (Sanidad, Educación, Seguridad…,) han llevado al conjunto de los Ayuntamientos de España a una situación insostenible, aumentada hasta extremos insospechados por la crisis actual.
Treinta años transcurridos y los dos partidos mayoritarios han sido incapaces de sacar adelante la prometida Ley de las Haciendas Locales, para la que Izquierda Unida propone el reparto de los Fondos del Estado en el cincuenta por cierto para el Gobierno Estatal, veinticinco por ciento para las Comunidades Autónomas, y el veinticinco restante para los Ayuntamientos, con la libertad invertirlos en lo que valore cada Municipio sea de más demanda o necesidad entre sus vecinos.
La falta de recursos económicos y la obligación de atender nuevos servicios, muchos de ellos derivados de competencias disgregadas del Estado o la Junta de Andalucía, (Sanidad, Educación, Seguridad…,) han llevado al conjunto de los Ayuntamientos de España a una situación insostenible, aumentada hasta extremos insospechados por la crisis actual.
La disminución de ingresos del propio Estado, auspiciada por la situación de crisis económica, supone una rebaja directa en los fondos que recibirán los Ayuntamientos en el próximo año. La merma es de tal cuantía, que la mayoría de los alcaldes tendrán que recurrir a nuevos endeudamientos para poder cerrar presupuestos mínimos, y los que no tengan esa capacidad financiera, se verán obligados a imponer un drástico recorte en los servicios que prestan a los ciudadanos, convirtiendo a las Entidades Locales en meros agentes recaudatorios.
Tal es la gravedad de la situación, que el Gobierno ha tenido que arbitrar algunas medidas para “salvar” de la quiebra económica a la gran mayoría de Ayuntamientos. Y una vez más, el PSOE pone de manifiesto su incapacidad y desinterés por afrontar seria y definitivamente la Ley de Financiación de los Ayuntamientos, optando por medidas raquíticas que, lejos de solucionar el problema o avanzar en su resolución, añaden una nebulosa de críticas contra la Autoridades Municipales, al verse estas obligadas a utilizar como fondos presupuestarios parte de los dineros que van a recibir para el nuevo Plan de Empleo.
Efectivamente, el PSOE, en una maniobra publicitaria más, ha destinado para el nuevo Plan de Inversiones contra la Crisis la cantidad de 5.000 millones de euros, cantidad que no es real ya que hay que reducir de ella el veinte por ciento que la normativa que regula dichos fondos autoriza para que los Ayuntamientos destinen a gastos ordinarios del Presupuesto Municipal. Obviamente, todos los Ayuntamientos recurrirán a dicha cantidad como tabla de salvación.
En una palabra, el PSOE enreda a los alcaldes en su máquina propagandística y los pone en la picota de tener que retrotraer de los Fondos del Inversiones el veinte por ciento, exponiéndolos a las críticas de quienes señalen a los alcaldes como culpables de reducir los recursos liberados para luchar contra el paro, cuando es realmente el Gobierno de Zapatero quien merma dicha cantidad, ya que es conciente de que si los Ayuntamientos renunciasen a ella no podrían afrontar sus presupuestos para el 2010.
En definitiva, asistimos a un exponente más del empobrecimiento que va a sufrir el conjunto de la sociedad española, emanado de la irresponsabilidad de los gobiernos que han practicado y tolerado la política neoliberal en la que se ha engendrado una de las crisis más profundas del sistema capitalista.
En definitiva, asistimos a un exponente más del empobrecimiento que va a sufrir el conjunto de la sociedad española, emanado de la irresponsabilidad de los gobiernos que han practicado y tolerado la política neoliberal en la que se ha engendrado una de las crisis más profundas del sistema capitalista.
