Señorías, después de 30 años de democracia, sonroja tener que recordar dónde estaba la ley -de parte de la República- y dónde estuvo el delito -de parte de los golpistas-. A estas alturas es muy peligroso para la salud moral y política española que todavía se pretenda equiparar al Gobierno legítimo de una nación democrática con la facción militar que se sublevó contra el Estado al que había comprometido defender. Señorías, reconozcamos que nuestra memoria institucional aún está lejos de la historia y que una parte de la sociedad española ignora y revisa esa historia de legalidad de la II República española.
Señorías, en este año se celebra el bicentenario de la Constitución de Cádiz, los bicentenarios de las independencias iberoamericanas y hace pocas semanas hemos celebrado y recordado el 30º aniversario del 23-F, el golpe fallido, con un acto solemne en esta Cámara. No tiene en ese sentido ningún sentido -valga la redundancia- y es injusto que el Gobierno mantenga a la II República española en el olvido cuando se cumplen 80 años de su proclamación, que es la esperanza de vida de un español, con lo cual eso tiene su relevancia histórica.
Si no se hace hoy, no se va a hacer con españoles que vivieron aquella época. Recordarla no es para nosotros un ejercicio nostálgico, recordarla sería -en nuestra opinión lo ideal- un relato compartido de los españoles en relación con su memoria democrática; pero si no hay relato compartido, señorías, al menos que exista relato de valores democráticos por aquellos que los comparten. Si no lo hacemos, a falta de una campaña pedagógica del Estado democrático la versión del vencedor seguirá imperando de forma insolente -es como si en Alemania siguiera imperando la versión del nazismo, aunque es verdad que en Alemania perdieron la guerra-, intentando asimilar la República a la guerra civil o la República de Weimar al nazismo.
También seguirá imperando la falsa ecuanimidad de aquellos que dicen: todos fueron buenos, todos fueron malos, todos tenían razón o, lo que es lo mismo: ninguno la tenía, ninguno tenía legitimidad, en relación con la República y con los golpistas. ¿Qué valor científico puede tener una enseñanza de la historia contemporánea si la mayoría de los estudiantes ignora lo que ocurrió el 14 de abril de 1931, si en la mayor parte de los programas no se llega a la historia contemporánea de España? Pero no solo es un ejercicio de nostalgia, tiene que ver con nuestro presente; por ejemplo, para mal, con el procesamiento del juez Garzón en su investigación de los crímenes y desapariciones del franquismo, un procesamiento que lanza a la sociedad española un mensaje de que sigue siendo peligroso pedir cuentas al franquismo, una deuda pendiente de la justicia, una humillación -una nueva humillación- a las víctimas.
Señor ministro de la Presidencia, el 14 de abril de 1931 España, como en 1978, tuvo una oportunidad y la aprovechó. Pese a la brevedad de su vida, la República situó a España en la vanguardia social y cultural. Hoy, 80 años después, evocamos aquel espíritu con gratitud y reivindicamos como propios los valores republicanos, que siguen vigentes como símbolos de un país justo y democrático. Fueron muchos los logros truncados por la violencia que tuvimos que volver a reconstruir a partir de 1978: la instauración de un sistema democrático con reconocimiento de las libertades y los derechos fundamentales.
La República trajo el voto de la mujer y el derecho al divorcio y a la interrupción voluntaria del embarazo; la República planteó la reforma agraria; la República potenció la sanidad pública, dignificó la escuela y a sus maestros, desarrolló el progreso social; la República estableció la separación entre Iglesia y Estado y abordó la configuración de la España autonómica. Es verdad que la República también cometió errores, pero en este sentido, al expresar que la soberanía reside en el pueblo español, la Constitución republicana de 1931 fue el antecedente directo de nuestra Constitución de 1978. Somos muchos, señorías, quienes tenemos esa doble lealtad: la lealtad a la Constitución en vigor, que debemos cumplir y desarrollar; y la lealtad al que supuso uno de los momentos históricos más nobles de que podemos enorgullecernos los españoles, aunque fracasado, el impulso democrático de la II República.
Señor vicepresidente, desde estas premisas, en libertad y en democracia desde hace más de tres décadas, debemos rendir a la II República y a sus protagonistas el homenaje que se merecen y que aún no han recibido. Por ello, el Gobierno y el Parlamento han demostrado su reconocimiento institucional a quienes representan en momentos críticos de nuestra historia esos valores de libertad y de democracia que hoy consideramos consolidados; nos representaron en la República, en la lucha contra el franquismo y en la construcción democrática de Europa, en la cual ellos fueron también vanguardia de la derrota del nazismo. Reivindicar su memoria es creer también en nuestro propio futuro. No debemos considerar plenamente terminado el proceso de transición de la dictadura a la democracia mientras no se reconozca la verdad de nuestra reciente historia, mientras no se reparen los daños, mientras no se haga justicia. Treinta años después tenemos aún deudas pendientes.
Señorías, es cierto que se han dado pasos en la buena dirección con la unánime Declaración institucional del Congreso de 20 de noviembre de 2002; también con normas como la Ley de Memoria Histórica, pero todavía quedan asignaturas pendientes, y en concreto varios incumplimientos con los compromisos señalados en la ley. En primer lugar, la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de restos o enterramientos de personas desaparecidas violenta y sistemáticamente en un genocidio durante la guerra civil y represión posterior. Sigue siendo una vergüenza para la democracia española. En segundo lugar, la elaboración del mapa de fosas. En tercer lugar, la modificación del estatuto del Valle de los Caídos y la salida de los restos del dictador para que este espacio, un espacio que se asienta sobre 10.000 republicanos asesinados con la bendición de la Iglesia católica, se convierta en un espacio de reconciliación. Y por último, la retirada de todos los símbolos franquistas de los ámbitos institucionales, tanto del Estado como del resto de las instituciones.
También siguen pendientes objetivos que deberían serlo del Estado democrático a más de 30 años de la democracia. En primer lugar, la adecuación de los planes de estudio y de los libros de texto para el tratamiento histórico y didáctico sobre la II República como referente de la cultura democrática. Queda pendiente la proclamación de la nulidad de las sentencias emitidas contra los demócratas por motivos políticos e ideológicos durante la guerra civil y la dictadura, como ha sido el caso bochornoso del poeta Miguel Hernández; se considera la Ley de Memoria Histórica hecho nuevo, pero no se considera a Miguel Hernández inocente, algo que realmente es un bochorno para la democracia y para la cultura española.
En cuanto a la investigación por las desapariciones forzadas en cumplimiento de la legislación internacional y la investigación de los niños robados del franquismo y su continuación posterior, ¿qué hace el Gobierno que no investiga a través del Ministerio de Sanidad y de las entidades concertadas lo ocurrido con niños robados durante el franquismo e incluso durante la democracia? ¿Por qué no hay ya un informe en esta materia, que también avergüenza a nuestra democracia? Y en lo que se refiere al reconocimiento y rehabilitación de todos los miembros de las instituciones y todos los ciudadanos represaliados con motivo del franquismo, señorías, es verdad que hace cinco años -en el 75º aniversario- se ofreció una exposición sobre las misiones pedagógicas, se recordó a Clara Campoamor por la extensión del sufragio a las mujeres y se editaron sellos, pero fueron medidas totalmente insuficientes y solamente puntuales. Aún permanece inédito el homenaje del Estado a los intelectuales del exilio republicano en Europa y en América, a los republicanos españoles que combatieron contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, a los liberadores de París y a quienes sufrieron el exterminio de Mauthausen y otros campos de concentración, y todavía no se ha producido, de acuerdo con las comunidades autónomas, el homenaje institucional debido a los presidentes de la Generalitat, Lluís Companys, del Gobierno vasco, José Antonio Aguirre, personalidades gallegas como Castelao o Santiago Casares Quiroga, y muy especialmente al presidente de la República, Manuel Azaña, y al presidente del Gobierno, Juan Negrín.
Señor ministro, por todo ello interpelamos al Gobierno si piensa promover el recuerdo y la reparación de la II República española en su 80º aniversario y le preguntamos cuál es su programa y su calendario para esta materia. También le preguntamos si el Gobierno va a poner en marcha alguna iniciativa de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones, si va a respaldar en todo momento las iniciativas de la sociedad civil y si está promoviendo o favoreciendo aportaciones que recuperen el valor del legado de la II República como antecedente de la democracia de 1978. Del mismo modo que a otros Estados de la Unión Europea, a ustedes les corresponde impulsar durante el presente año iniciativas de reconocimiento a los avances que se produjeron en la historia española y en la historia democrática de nuestro país. Le adelantamos que una de las propuestas que señalaremos en nuestra moción será la declaración del 14 de abril como una fiesta estatal en sustitución de algunas de las existentes. Hoy, ochenta años después, no queremos lamentar el violento acoso y derribo a que fue sometida la República, como lo fue la República de Weimar, por la conspiración permanente y la fuerza bruta, queremos celebrar su memoria civil y los logros que consiguió. ¡Viva la República! ¡Viva la democracia del 78!
RÉPLICA DE GASPAR LLAMAZARES A LA RESPUESTA DEL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
Señor ministro, mi conclusión respecto a su intervención es que el Gobierno en esta materia se va a mantener en una posición pasiva, va a mirar únicamente lo que ocurre durante este aniversario que no es particular para usted. Ochenta años sí son algo. Se lo he tratado de explicar antes, parece que no ha querido entender, pero 80 años es la esperanza de vida de un español y de una española y, por tanto, es muy relevante. Después de esta oportunidad no habrá otra con esa generación en vida, probablemente, ¿no? Por lo tanto, es una oportunidad que no se puede perder, y el Gobierno si tuviera entre sus prioridades políticas, que parece que ya no la tiene, la Memoria, habría incorporado esta fecha a sus medidas que hoy parece que no tiene.
En relación a su primera reflexión, comparto esa reflexión modernizadora sobre la sociedad española, pero me gustaría establecer algún criterio. En primer lugar, que esa Constitución de 1978 no surge porque sí. Surge porque previamente existió un impulso modernizador y democrático en la República, porque hubo antifranquistas que mantuvieron viva su llama, su reivindicación y porque, finalmente, hubo unas condiciones exteriores e interiores que lo permitieron. Pero no valorar el antecedente de la II República me parece que no es valorar en estos momentos la naturaleza de la democracia española, sino que está muy unida a ese antecedente, es verdad que derrotado de la II República por un pronunciamiento, por un golpe cívico militar, pero, en definitiva, con valores muy permanentes.
Y esa reflexión sobre que hemos cumplido todas las cuestiones de España, las que planteaba Azaña, la cuestión territorial, la cuestión religiosa, la cuestión militar, es verdad que algunas de ellas están cumplidas, otras claramente encauzadas, pero hay otras que si bien las han cumplido los ciudadanos, por ejemplo, los ciudadanos son cada vez más una sociedad laica, sin embargo, institucionalmente no somos un estado aconfesional, sino que tenemos todavía una relación iglesia-Estado que no se corresponde con el Estado constitucional y con el Estado aconfesional.
Por otro lado, hay nuevas asignaturas pendientes -se lo he dicho antes- y una de ellas es la Memoria. La Memoria es una asignatura pendiente de este país; mientras siga existiendo una Memoria contrapuesta a la historia, la historia dice lo que dice sobre legalidad e ilegalidad en la República y, sin embargo, la Memoria es la memoria franquista, la que existe en este país todavía en buena parte como memoria institucional, la memoria de los equivocados o la memoria equidistante. Eso es inaceptable y eso plantea un reto para el Gobierno y para la Presidencia del Gobierno que parece no dispuesto a cumplir.
Hay otros elementos, por ejemplo, el que tiene que ver con la confesionalidad del Estado donde el Gobierno da la impresión de que no solamente se arruga con relación a la política económica, sino que se arruga también en relación con la memoria y con relación al laicismo. No en vano ustedes han renunciado a legislar sobre la libertad de conciencia, y creo que eso es llamativo.
Termino, señor ministro, refiriéndome al desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y a temas pendientes en estos momentos en nuestro país. Primero, el desarrollo de la Memoria Histórica está pendiente y debería experimentar un impulso definitivo en estos momentos a más de treinta años de la democracia y a ochenta años de la proclamación de la II República. Hay que darle un impulso definitivo a la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica en los símbolos que todavía no están eliminados, en muchas materias que tienen que ver con exhumaciones, etcétera.
Creo que ahí hay una responsabilidad pública ineludible y, por otro lado, hemos visto y vemos con escándalo lo que está ocurriendo respecto a la investigación de los crímenes del franquismo, a la impunidad de esos crímenes y algo hay que hacer, salvo quedarse de brazos cruzados mientras juzgan a los jueces y condenan a los jueces y dejan totalmente en la humillación a las víctimas. Esa situación debe ser analizada por el Gobierno y exijo también una respuesta.
En la foto Gaspar Llamazares.
