lunes, 6 de diciembre de 2010

José Antonio García Rubio: “Las medidas que aprobó hoy el consejo de ministros sólo significan más miseria para los parados y más beneficios para las grandes empresas”

El secretario federal de Economía y Trabajo de Izquierda Unida desmiente que “estos cambios vayan a favorecer a las pequeñas empresas y a los autónomos”.

El secretario federal de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, ha valorado muy duramente el nuevo paquete de medidas económicas aprobado hoy por el Consejo de Ministros. En su opinión, “estos cambios, especialmente la eliminación de la ayuda de 426 euros para los parados que no cobran ninguna otra prestación, sólo muestran el desvarío al que ha llegado la política del Gobierno y su inquina contra los trabajadores. Estas medidas sólo significan miseria para los parados y más beneficios para las grandes empresas”.


“El gasto que representa la necesaria ayuda a los desempleados –afirma- es insignificante en comparación con el déficit público existente y muy inferior a la disminución de ingresos por el Impuesto de Sociedades que se va a producir al extender la libertad de amortización a todas las empresas. Ésta es una medida que sólo beneficiará a las grandes compañías, mientras eliminar la ayuda a los parados, que es prácticamente de subsistencia, crea una situación dramática para muchas familias. En nuestro país existen 890.000 desempleados que llevan más de dos años buscando trabajo”.

García Rubio advierte de que “es falso que estas medidas vayan a favorecer a la pequeña empresa y a los autónomos. Sólo favorecen a las compañías de tamaño mediano y grande con beneficios. ¿Qué pequeña empresa o autónomo tiene hoy unos beneficios de 300.000 euros o factura 10 millones de euros? Lo que necesitan realmente las pequeñas empresas en situación crítica es que haya crédito disponible, que las administraciones públicas les paguen sus deudas y se recupere el consumo para poder vender”.

“Lo acordado por el Gobierno –señala- produce en los pequeños empresarios la sensación de que ‘ven pasar un pastel’ que no está a su alcance. Más aún si incorporamos la libertad de amortización que producirá una fuerte bajada de la recaudación por Sociedades en los próximos años y constituye un auténtico crédito fiscal para las grandes empresas. Todos esos beneficios sólo los verán el 2,8% de las empresas y muy pocas de ellas serán pequeñas. En ese contexto, eliminar la obligatoriedad de la cuota a las Cámaras es todo un sarcasmo lleno de humor negro, porque esas cuotas representan unas pocas decenas de euros al año”.

El responsable económico de IU denuncia que “la privatización de la gestión de los aeropuertos que producen beneficios (evidentemente no de los que tienen déficit) sólo representa un incremento de la debilidad del Estado al entregar un servicio público rentable al capital privado. En unos meses veremos quién se queda con el concurso y podremos repasar si no está entre los participantes en la reciente reunión de Rodríguez Zapatero con las 37 mayores empresas”.

Por otra parte, “el aumento de orientadores en el Servicio Público de Empleo es positivo pero insuficiente. En España hay un trabajador del servicio público de empleo por cada 17 parados, mientras la media de la Unión Europea es uno por cada 6 desempleados. Además, si no se reforma seriamente este servicio, la eficacia del aumento es discutible”, indica.

El dirigente federal señala también que, “la supresión de los requisitos para poner en marcha empresas puede contener los aspectos más regresivos de la Directiva de Servicios de la Unión Europea, confirmando –bajo a excusa de facilitar los trámites- la inseguridad en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación laboral, la medioambiental o los requerimientos de seguridad”.

José Antonio García Rubio concluye que “el Gobierno parece no tener ningún problema de déficit cuando se trata de ayudar a las grandes empresas y sí lo tienen con las políticas sociales y de defensa de lo público. La lucha contra el déficit sólo sirve para justificar el recorte en las prestaciones de desempleo o el incremento del impuesto sobre el tabaco”.